¿Por qué nos quieren retrasar la edad de jubilación?

Porque con las estimaciones actuales, dentro de algunos años no habrá dinero suficiente para pagar las pensiones de jubilación.
Las pensiones a los jubilados las paga la Seguridad Social con el dinero que recauda de las cuotas de los trabajadores en activo.
La suma de todo lo pagado cada año a los pensionistas debe ajustarse aproximadamente a lo recaudado.

Únicamente con el objetivo de simplificar el razonamiento, podemos considerar que en el cálculo del importe de las pensiones intervienen tres variables que hay que ajustar entre sí:

• El importe total recaudado
• El número total de pensionistas
• El importe medio de la pensión de cada pensionista

El importe total recaudado depende básicamente del número de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social.

El número total de pensionistas es la suma del número de pensionistas del año anterior menos los fallecidos más los nuevos jubilados del último año. Como la esperanza de vida aumenta, el número total de pensionistas tiende a aumentar.

El importe medio de la pensión se calcula en función del importe medio del año anterior ponderado con el importe medio de los nuevos jubilados, que depende, en los cálculos actuales, de lo que hayan cotizado en los últimos años.

El Gobierno puede intervenir en la primera variable de forma indirecta mediante una política económica que cree empleo. La influencia del gobierno en sobre esta variable es limitada a corto plazo, y moderada en el medio y largo plazo.
Por otro lado, en este terreno el Gobierno se enfrenta a la reducción constante de la cantidad de empleo necesaria para producir riqueza, gracias al progreso tecnológico, por lo que se ve obligado a conseguir un crecimiento económico mínimo para mantener el nivel de empleo constante, y alcanzar ritmos de crecimiento muy elevados para poder aumentar el nivel de empleo.

En la segunda variable, el Gobierno únicamente puede intervenir reduciendo el número de nuevos jubilados, para lo cual debe retrasar la edad de jubilación, tanto de los jubilados "ordinarios", como de los "prejubilados". El problema de esto es que no se liberan sus puestos de trabajo para ser ocupados por otros trabajadores más jóvenes, con lo que aumenta el paro y las necesidades de proporcionar a esos parados recursos para subsistir.

En la tercera variable, el Gobierno puede intervenir cambiando las reglas para calcular el importe de las pensiones (por ejemplo, aumentando el número de años que se toman como referencia para dicho cálculo)

El Gobierno debe mantener el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social de modo permanente. Para ello, debe ir modulando las tres variables anteriores, manteniendo al mismo tiempo un fondo de reserva que permita disponer de recursos para pagar las pensiones en los años de crisis en los que desciende la recaudación. En consecuencia, como regla general, el total pagado a los pensionistas cada año debe ser igual o inferior a lo recaudado.

En ocasiones se producen fenómenos excepcionales que cambian de modo significativo una de las variables.

La llegada masiva de inmigrantes a España en los últimos años ha aliviado el problema temporalmente porque ha aumentado de forma significativa el número de trabajadores sin aumentar en la misma proporción el número de pensionistas. Únicamente han venido trabajadores inmigrantes, los pensionistas se han quedado en su país.

Sin embargo, esta situación tiene un límite. España no puede absorber un número creciente de inmigrantes de modo permanente, y los inmigrantes que llegan hoy, van acumulando derechos a su pensión que ejercerán dentro de unos años cuando se jubilen.

El Gobierno, al tener un mandato de sólo 4 años, podría caer en la tentación de no tomar en cuenta la necesidad de asegurar las pensiones a largo plazo.
Pero, desde que todos los partidos y agentes sociales firmaron el pacto de Toledo, hace ya muchos años, todos los gobiernos de España se han preocupado de este asunto, aunque ninguno, hasta ahora ha tomado medidas concretas por su impopularidad.

El Gobierno del PSOE se anticipa al problema del sistema de pensiones, que se presentará dentro de diez o veinte años. El problema parte de la constatación de que si mantenemos las reglas actuales, el importe recaudado de las cotizaciones de los trabajadores no será suficiente para pagar las pensiones de los jubilados. Es necesario hacer algo, ya sea para aumentar la cantidad recaudada o para disminuir la cantidad pagada a los pensionistas.
Como no es realista pensar que se puede aumentar la cantidad recaudada, porque para ello habría que aumentar el importe de lo que cotiza cada trabajador o el número de trabajadores, ambas cosas difícilmente al alcance de los gobernantes, la solución propuesta consiste en reducir el importe pagado a los pensionistas con las mediante dos medidas:

• Retrasar la jubilación en dos años, con lo que reducen el número de pensionistas en una cantidad igual al de personas que se jubilan durante dos años.
• Aumentar el número de años que se tomarán como base para calcular el importe medio de la mensualidad que percibirá cada trabajador, con lo que se reducirá el importe medio percibido por los pensionistas.

Estando de acuerdo con la necesidad de actuar, y de hacerlo ya, yo creo que hay que buscar otros procedimientos. En particular, no creo que el retraso en la edad de la jubilación tal como se ha propuesto sea la solución adecuada.

Es evidente que la medida de retrasar la edad de jubilación no va a aumentar el número de trabajadores, porque dicho número depende de las necesidades de la economía, que a su vez dependen del PIB (la cantidad total de riqueza producida) y de la productividad (la cantidad de empleos que se necesitan para producir cada unidad de riqueza).

El retraso propuesto no tiene ningún efecto significativo en las dos variables citadas. En consecuencia, si se mantiene el número de trabajadores, el retraso en la jubilación supondrá un aumento del número de parados. Esto tendría un efecto negativo en las expectativas laborales de los ciudadanos españoles y probablemente en la productividad puesto que se sustraería del mercado de trabajo a las personas que se encuentran en el momento más eficaz de su vida.

En definitiva el resultado de la medida propuesta, es como si se desplazara dos años hacia arriba la edad de incorporación al trabajo, dejando dos años vacíos entre la edad de finalización de los estudios y la de la incorporación al trabajo.

No se puede tomar una medida de ese calado sin proponer una alternativa para llenar esos dos años.

Me parece muy positivo que el Gobierno haya tomado la iniciativa para lanzar el debate.

Es difícil encontrar medidas alternativas con un efecto similar a las propuestas por el Gobierno.

Todas las fuerzas políticas, así como los agentes sociales, deberían estar esudiando sus propias propuestas con el fín de encontrar entre todos las que resulten mejores, en lugar de limitarse a criticar las del Gobierno sin más.

Por mi parte, propondría una alternativa basada en un conjunto de medidas complementarias entre sí:

• Establecer durante los años previos a la jubilación una reducción paulatina de la jornada laboral acompañada de la correspondiente reducción de los ingresos, manteniendo éstos en cualquier caso por encima de la correspondiente pensión de jubilación que correspondería al trabajador.
• Establecer, en la misma medida, la posibilidad de contratar a tiempo parcial a trabajadores que necesiten compaginar su vida laboral y su vida personal. Por ejemplo, trabajadores con hijos pequeños, o que estén realizando algún tipo de estudios. Dependiendo de las motivos y la situación de cada uno, el Estado podría complementar los menores ingresos de dichos trabajadores con aportaciones en función de los hijos, etc.
• Reducir progresivamente la jornada laboral para absorber el incremento de la productividad como consecuencia de los avances tecnológicos.
• Si las medidas anteriores nos acercan a una situación de pleno empleo, proponer, entonces sí, la prolongación de la vida laboral, estudiando los sectores en los que ello fuera viable.

Se trata, evidentemente de unas pocas ideas insuficientemente desarrolladas en sus detalles e impacto sobre el sistema de pensiones, pero considero que son útiles como punto de partida para este transcendental debate al que todos deberíamos aportar nuestro grano de arena.

Si el debate se desarrolla en nuestra sociedad, estoy convencido de que volveré a escribir sobre el tema aportando nuevas ideas sobre la base de lo que entre todos vayamos construyendo.