domingo, 28 de marzo de 2010

Apliquemos las leyes de la competencia al mercado musical

Las discográficas actúan como un monopolio que obliga a consumir el producto que ellas quieren.
Estoy en contra de los que quieren todo gratis en Internet, supuestamente en nombre de grandes principios: libertad, neutralidad de la red, etc.
Estoy en una posición en la que no hago amigos, sólo enemigos.
Los supuestos "gurús" de la Red me considerarían un conservador vendido a los gestores del dinero de las discográficas porque me parece mal la exigencia de no perseguir las descargas ilegales.
Las discográficas y la SGAE me considerarían un peligroso colaborador de los piratas por rechazar su modelo.
Pero es que me parece que ambos grupos están equivocados y que ambos grupos utilizan argumentos insuficientes y en algunos casos demagógicos para arrimar el ascua a su respectiva sardina.
Yo creo que la red debe ser neutral, que es un medio extraordinariamente poderoso que no debería tener limitaciones que reduzcan las posibilidades de su utilización plena a los colectivos menos favorecidos ni constriñan su explotación como medio de difusión de la cultura y de las opiniones.
También creo que el trabajo de los creadores debe remunerarse de modo equilibrado y justo.
Pero también estoy convencido de que el actual modelo económico del mercado musical vulnera las reglas de la competencia. En cualquier otro sector, si un grupo reducido de empresas pagaran para que sus productos inunden el mercado independientemente de su calidad, evitando la presencia en el mismo de los otros, serían, muy probablemente, sancionados por los organismos de defensa de la competencia.
Y ¿qué otra cosa están haciendo las discográficas cuando controlan con su dinero lo que se difunde por todas las emisoras de radio y televisión especializadas en música?
Yo, como consumidor, no tengo libertad de acceso a los productos musicales existentes: Cuando enciendo la radio o la televisión para oir música, sólo puedo ver y oir lo que las discográficas han decidido, con su dinero, que puedo oir.
Los creadores que no han tenido la suerte de ser elegidos por las discográficas para aparecer en el escaparate se encuentran discriminados e imposibilitados de mostrar su producto, porque el criterio de las emisoras está dirigido por lo que las discográficas han decidido con su dinero.
¿Por qué la Comisión de la Competencia no interviene en este caso?
Es necesario que definamos un nuevo modelo de negocio para el mercado musical y, de modo más general, el de los creadores de productos culturales, música, cine, literatura, etc. susceptible de ser registrado y comercializado en forma de copias.
El modelo actual está absolutamente pervertido y es injusto, tanto con los creadores como con los consumidores.
Pero no podemos, con este pretexto, decidir que el punto de partida de este nuevo modelo es la difusión gratuita de las copias.
Y mucho menos podemos admitir que determinados "listillos" traten de lucrarse, directa o indirectamente, con la difusión gratuita de copias de creaciones culturales cuyo autor no ha autorizado expresamente su distribución.
Probablemente es necesario reformar la ley para que se puedan perseguir estos últimos comportamientos, y eso es lo que hace la modificación incluida en la nueva Ley de Economía Sostenible aprobada por el Gobierno.
Pero creo que, en paralelo con esta reforma habría que hacer intervenir a los organismos de defnesa de la competencia para evitar los abusos de las discográficas, que acaban obligándonos a consumir productos cuya calidad no ha sido previamente contrastada más que por sus expertos, y que en la mayoría de los casos son de calidad, cuando menos discutible, si no directamente deficiente.
Y también es necesaria una manifestación expresa de defensa, desde la Ley, de la neutralidad de la Red.

jueves, 25 de marzo de 2010

El criminal nunca gana (al menos no debería)

En todo este asunto de Gürtel y las escuchas hay muchos protagonistas cuyo comportamiento merece una reflexión:

Vayamos por partes:

Correa y sus colaboradores

Son presuntamente unos delincuentes y unos inmorales que han tratado de hacerse ricos fácilmente a costa del dinero de todos nosotros. Para ello no habrían dudado en corromper a un grupo de políticos.

Pertenecen a un modelo de personas que deberíamos excluir de nuestra sociedad.


Los políticos del PP imputados
Han cometido, presuntamente, el crimen más odioso que puede cometer un político en el desempeño de su cargo. Los votantes han depositado en ellos su confianza para que administren los asuntos públicos y la han defraudado desacreditándose definitivamente como servidores públicos. Como políticos están acabados. Sus compañeros de partido deberían estar muy molestos con ellos y ser los primeros en despreciarlos y perseguirlos.

Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional que instruyó la causa hasta que la transfirió al TSJ Madrid al haber aforados.

Como juez instructor realiza un trabajo similar al que estamos acostumbrados a ver realizar por parte del fiscal en las películas americanas de juicios. Su labor es instruir las causas, es decir, investigar, encontrar las pruebas y documentar la acusación. Su labor no consiste en juzgar, eso lo realizarán más adelante, los jueces reunidos en un tribunal si de la instrucción se deriva una acusación formal. En la presente legislatura ha habido un intento de reforma legislativa que asignaba a la fiscalía una buena parte de las funciones del juez instructor. Institucionalmente el juez instructor defiende los intereses del Estado, es decir, de todos nosotros, frente a las agresiones realizadas por los delincuentes.

Ha realizado la instrucción con profesionalidad y rigor de acuerdo con su propio criterio, refrendado por numerosos juristas. El hecho de que tenga tendencia al exhibicionismo no devalúa la calidad profesional de su trabajo como instructor. Es una persona odiada por todos aquellos a los que ha perseguido y mal vista por muchos de sus compañeros, que opinan de él que es excesivamente ambicioso y tiene demasiado afán de protagonismo. Pero esto tampoco supone menoscabo de su labor como instructor.

Al ordenar las escuchas ha actuado con rigor. Muchos expertos en derecho coinciden con la interpretación de Garzón respecto a la legitimidad del juez para intervenir las comunicaciones entre los acusados y sus abogados defensores basándose en el hecho de que había indicios (más que suposiciones o conjeturas, y menos que sospechas basadas en pruebas) de la comisión de un delito por parte de los mismos, como así confirmaron, por otro lado, los resultados de las escuchas.

Antonio Pedreira, magistrado del TSJ Madrid actual instructor del caso

Este magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido encargado de actuar como juez instructor, sustituyendo a Garzón, al haber entre los acusados al menos un aforado del ámbito regional (en este caso, varios Diputados Regionales electos)

Antonio Pedreira coincide con Garzón en la interpretación de la Ley ante las escuchas, dándolas por correctamente ordenadas.

Hay que tener en cuenta que, contrariamente a los jueces de la Audiencia Nacional, que es una entidad dedicada a la instrucción de los sumarios, los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia, como en este caso el de Madrid, no disponen de una estructura adecuada para la realización del trabajo de instrucción, por lo que en general tienen más dificultades y tardan más tiempo en realizar dicho trabajo.

Este juez está realizando su trabajo como instructor con rigor y profesionalidad, pese a que el plazo de realización esté resultando muy largo.

Al ser el responsable de la instrucción, no puede formar parte del tribunal que decide sobre el recurso contra la validez de las escuchas, pese a ser miembro del TSJ de Madrid como los tres encargados de estudiar y decidir sobre dicho recurso.


Los jueces del TSJ Madrid Francisco Javier Vieira Morante y Emilio Fernández Castro

Estos dos jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hacen una interpretación de la Ley "garantista", es decir, se pronuncian a favor del derecho a la defensa de los acusados, que, como sabemos, en nuestro ordenamiento legal son considerados inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Esto, dicho así podría llevarnos a considerar como legítima su posición. Sin embargo, no hay que olvidar que el objetivo último de la justicia es defender el bien común, y en este caso la consecuencia de su decisión es que unos delitos de los que se ha tenido conocimiento fehaciente no serán perseguidos, prevaleciendo los intereses de los delincuentes frente a los del Estado, es decir, los de todos nosotros.

Pero hay otros aspectos a considerar en la actuación de estos jueces. Uno de ellos intervino como juez en una denuncia relacionada con una de las actuaciones presuntamente delictivas realizada por los acusados dentro de la serie de operaciones por las que están imputados actualmente. Su decisión permitió en aquella ocasión que se denegara la imputación y no se juzgara el caso. Ésta sería la segunda vez en la que el mismo juez contribuye a evitar que sea juzgado un hecho delictivo, realizado por el mismo grupo de personas, dentro del mismo tipo y conjunto de actuaciones por las que son perseguidos ahora.

Es razonable percibir en la actuación de estos jueces motivaciones que van más allá de la simple valoración jurídica conforme a derecho de los hechos recurridos. Sobre todo porque, a la luz de las informaciones publicadas y de las explicaciones técnicas dadas por los diferentes juristas, uno, aplicando la razón y el sentido común, llega a la conclusión contraria a la de estos dos miembros del TSJ de Madrid, casualmente pertenecientes al sector conservador, afín al PP, que es parte interesada en este caso. Ya sabemos lo que significa esa afinidad a la luz de las informaciones sobre los tejemanejes poco edificantes que se realizan para los nombramientos en los distintos altos cargos de la judicatura.


El juez del TSJ de Madrid José Manuel Suárez Robledano

Este juez ha coincidido en la interpretación de la ley con las posiciones de los dos jueces que han intervenido en la instrucción, Baltasar Garzón primero, desde la Audiencia Nacional y Antonio Pedreira después, desde el TSJ de Madrid. Su postura, que también es defendida por la fiscalía, considera que las escuchas ordenadas por Garzón se efectuaron en estricto respeto de la Ley, y son por tanto válidas todas las pruebas obtenidas como consecuencia de ellas.

Vemos que sobre este asunto se han manifestado cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habiendo dos a favor de considerar válidas las escuchas y dos en contra. Pero como lo que vale al final es lo que deciden los tres que forman el tribunal que estudia el recurso, pues formalmente se dice que el TSJ de Madrid considera las escuchas como no ajustadas a derecho y por tanto no válidas para la instrucción, pese a que el sentido común, la razón y la aritmética nos digan que las opiniones a favor y en contra expresamente manifestadas están divididas al 50%


Los abogados de Correa y sus colaboradores

Estos abogados, tal como se ha podido saber a través de las escuchas, han colaborado con los acusados en la ocultación de pruebas y en la continuidad del delito por el que aquellos estaban acusados. Entre otros actos, han intentado (y probablemente lo consigan) escamotear más de 20 millones de Euros que la trama formada por los acusados había conseguido ocultar en Suiza.

Ahora, gracias a la decisión tomada por unos jueces que a muchos nos parecen excesivamente inclinados a favorecer a los acusados, vamos a jugar al juego de las mentiras. Es decir, aunque sabemos que estos señores han cometido un delito, como dos jueces han dicho que no teníamos derecho a averiguarlo, pues ahora decimos que no lo han cometido, y se van de rositas, y ya veremos si conseguimos recuperar algo de los más de 20 millones de Euros.

A mí esto me resulta escandaloso e inmoral y creo que somos muchos los que pensamos así, por lo que probablemente estemos ante una situación de Alarma Social. Aunque no sé muy bién para qué sirve eso.

Federico Trillo, al que no puedo mencionar sin añadir la palabra mentiroso.

Este personaje de la política española se ha distinguido por su falta de gallardía al dejar que sus subordinados carguen con las culpas por las identificaciones falsas de los militares españoles fallecidos en el accidente aéreo ocurrido cuando regresaban de Afganistán, identificaciones falsas que se produjeron por las órdenes dadas por él para que terminaran el trabajo en un plazo imposible de cumplir.

Pero además de eso, resulta que es un hábil jurista, de esos que persigue sacarle el máximo partido a la letra de la ley sin importarle la moralidad de sus acciones. Lo que castizamente llamaríamos un listillo, o un aprovechado.

Y este personaje es el responsable de la estrategia del PP en los asuntos judiciales más importantes en los que dicho partido o sus afiliados y cargos públicos se ven involucrados, ya sea como denunciantes o como denunciados.

Y para el caso Gürtel el PP, en lugar de perseguir con especial saña por el daño que le han hecho, a los presuntamente responsables del delito más odioso que puede cometer un político en el desempeño de su cargo, la corrupción, que supone defraudar la confianza depositada en ellos por los votantes y por su propio partido, en lugar de perseguirles, han optado por una estrategia que los hurte lo máximo posible de los medios de comunicación, aplicándoles una disciplina de "perfil bajo" y tratando de encontrar en los recovecos de la ley los resquicios que les permitan reducir al mínimo posible las consecuencias de sus delitos.

Y el responsable de perpetrar esa estrategia manifiestamente inmoral es nuestro viejo conocido Trillo.

En realidad, si lo pensamos bien, resulta coherente: miente y demuestra falta de gallardía en el caso de las falsas identificaciones y ahora intenta hurtar de la acción de la justicia a personas que han actuado de forma delictiva. Son dos actos igualmente inmorales e indignos de un político que pretende solicitar la confianza de los ciudadanos.

Me siento incómodo al lado de personajes de esta catadura.

Esperanza Aguirre

Como superior jerárquica inmediata de la mayoría de los imputados, ha adoptado una actitud consistente en minimizar el impacto de este caso en sus intereses personales y los de su partido. Esto es legítimo, no se le puede pedir a alguien que se haga daño a sí mismo.

Sin embargo, esto no debería ser incompatible con dos acciones que se echan de menos:

  • Castigar con el máximo rigor a los responsables de estos actos.
  • Corregir con decisión los comportamientos para evitar, y demostrar a los ciudadanos que lo hace, que se puedan reproducir.

La mayoría de los imputados han dimitido o han sido cesados "un poquito", lo justo para poder decirlo a la prensa, aunque se les haya dejado en posiciones muy cercanas a las que tenían.

Las estructuras políticas, especialmente en los ayuntamientos implicados en los hechos perseguidos, se han mantenido e tanto en su organización como en las personas a cargo, en una situación muy similar a la existente durante el período en el que se produjeron los hechos perseguidos.

Todo esto hace pensar que no hay voluntad de corregir comportamientos inmorales como los que se están persiguiendo, sino que lo único que importa es "que no te pillen".

Falta en la actitud y en las acciones de Esperanza Aguirre altura de miras. Cabria esperar más ejemplaridad de alguien que pretende liderar a la sociedad madrileña.


Mariano Rajoy y el resto de la cúpula del PP

Finalmente llegamos a la cúpula dirigente del PP, y nos encontramos con todos los defectos que hemos comentado anteriormente sintetizados:

  • No se persiguen con rigor las conductas inmorales de aquellos que se han comportado indignamente
  • Prevalecen los intereses cortoplacistas y las estrategias relacionadas con las luchas internas de poder sobre la moralidad
  • Se ordena una estrategia de trabajar para reducir al mínimo el castigo a los delincuentes con el fín de evitar que dicho castigo tenga un impacto sobre los intereses electorales del partido.
  • Se desprecian las consecuencias de dicha estrategia sobre la honorabilidad de jueces e instituciones

También en el caso de Rajoy y sus colaboradores inmediatos se echa de menos una actitud más ejemplar y moral, adecuada a alguien que pretende algún día gobernar España.

Sólo tres personas en todo este embrollo se puede decir con plena convicción que han actuado con honestidad y respeto a la moral.

Y una de ellas, el juez Baltasar Garzón, tendrá que pagar un alto precio por ello.

Lamentable

miércoles, 24 de marzo de 2010

Ley de Economía Sostenible con Enrique Echegoyen

Hoy hemos celebrado, en la sede de la Agrupación Local del PSOE en Leganés, un coloquio sobre la Ley de Economía Sostenible recientemente aprobada por el Gobierno de España.
El acto, organizado por Angelines Micó, Secretaria de Desarrollo Económico y Sostenible de la Comisión Ejecutiva Local, ha contado con la intervención principal de Enrique Echegoyen, Diputado en la Asamblea de Madrid y la participación muy animada durante el coloquio, de una veintena de militantes de la agrupación.

Enrique Echegoyen ha explicado los objetivos y el alcance de la nueva Ley de Economía Sostenible, recientemente aprobada por el gobierno, partiendo de los antecedentes que permiten entender la necesidad de dicha iniciativa:


  • El modelo productivo español anterior a la crisis

  • La crisis económica, sus causas y sus consecuencias

Respecto al modelo productivo español anterior a la crisis, se ha explicado su excesiva dependencia de la construcción, exacerbada con la política de los gobiernos de José María Aznar, especialmente con su Ley del Suelo, que tuvo efectos contrarios a los anunciados al generar una escalada sin precedentes de los precios inmobiliarios y un crecimiento desmesurado de la actividad constructiva, llegándose, en el año 2007 a construirse 700.000 viviendas, cuando las necesidades máximas de nuestro país estarían entorno a las 350.000 anuales.
El otro aspecto negativo de nuestro modelo productivo era el excesivo déficit comercial, consecuencia de una baja productividad que nos ha hecho poco competitivos

En cuanto a la crisis económica, se ha explicado su origen, fundamentalmente financiero, que en España, aunque no ha supuesto la quiebra de nuestros bancos, sí ha reducido drásticamente la financiación del sector privado, que se había endeudado fuertemente por el gran número de hipotecas de los particulares y la generosa política de créditos a las empresas desarrollada por los bancos y cortada de raiz al llegar la crisis.

Aunque todos los sectores económicos se han visto afectados por esta reducción casi a la nada del mercado financiero, el sector de la construcción se ha visto severamente afectado, pasando a un volumen de construcción de algo más de 100.000 viviendas anuales. Teniendo en cuenta que una vivienda anual supone dos puestos de trabajo, la reducción en 600.000 del número de viviendas construidas ha supuesto la pérdida de 1.200.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción.

La Ley de Economía Sostenible pretende corregir por un lado los aspectos negativos de nuestro modelo productivo, en particular:


  • su excesiva dependencia del sector de la construcción y

  • su baja competitividad,

y por otro lado los efectos negativos de la crisis sobre la economía española, especialmente en lo relativo a:


  • la fuerte destrucción de empleo y

  • la dificultad de financiación de las empresas por el deficiente funcionamiento del mercado financiero.


Pero La Ley de Economía sostenible no aparece como un conjunto de medidas aislado, sino que se inscribe dentro de una serie de medidas que se habían comenzado a aplicar desde la primera legislatura de gobiernos de Zapatero.

En efecto, una de las primeras medidas de Zapatero fué la reforma de la Ley del Suelo para reducir el crecimiento desmesurado de los precios inmobiliarios y el peso de dicho sector en el conjunto del PIB.
Esta y otras medidas relacionadas comenzaron a dar fruto de modo paulatino, lentamente, hasta que el estallido de la crisis provocó la caida del sector abruptamente como se ha explicado.

La otra medida importante de Zapatero fué aumentar de modo espectacular y sostenido el gasto del Estado en I+D+I, corrigiendo de este modo la dejadez de los gobiernos de Aznar en este terreno. Lamentablemente, aunque subió la actividad de investigación financiada con dinero público, el sector privado no se sumó a dicho aumento, con lo que el efecto de dicho aumento ha sido relativamente bajo.

Al sobrevenir la crisis, anticipándose al aumento de desempleo en el sector de la construcción que iba a traer consigo, el gobierno de Zapatero lanzó el primer "plan E", dotado con 8.000 millones de Euros, cuyo objetivo principal era la creación rápida de puestos de trabajo en la construcción realizada a través de los ayuntamientos de toda España.

Al mismo tiempo, y para hacer frente a las dificultades de liquidez de los mercados financieros, el gobierno puso en marcha una línea de crédito a disposición de los bancos que lo necesitasen. Conviene destacar aquí que estas ayudas al sector financiero no han sido dinero regalado a los bancos, sino préstamos realizados por el Banco de España a los bancos que lo han solicitado, préstamos por los que dichos bancos pagan unos intereses que suponen importantes beneficios para el Estado.
También es importante aclarar que el sector financiero es una pieza básica para el funcionamiento de la economía y que el dinero que manejan proviene fundamentalmente de los ahorros que millones de ciudadanes han depositado.

Finalmente, antes de la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, el gobierno lanzó un segundo "Plan E", dotado con 5.000 millones de euros, tramitado también a través de los ayuntamientos, cuyo objetivo principal ya no se limita a parar parcialmente el golpe sobre el empleo, como el anterior, sino que se orienta a la reforma del modelo productivo haciendo hincapié en el desarrollo del uso de nuevas tecnologías y en la aplicación de políticas sociales, aspectos ambos que forman parte de los ejes principales del nuevo modelo productivo que se quiere implantar.

Llegamos así a la Ley de Economía sostenible, que analizando las características de nuestra economía, sus fortalezas y sus debilidades, trata de corregir éstas apoyándose en aquellas.
Entre los aspectos positivos de nuestra economía, se pueden citar:
  • El tamaño alcanzado por nuestra economía, que se sitúa actualmente como la novena economía del mundo
  • La posición de liderazgo en la industria de las energías renovables
  • La buena posición en las Tecnologías de la Información y en el sector aeronáutico.
  • El peso y la calidad de nuestra industria automovilística
Entre las debilidades cabe destacar:

  • Tasa de paro elevada
  • Déficit comercial excesivo (baja productividad)
  • Endeudamiento excesivo del sector privado y dependencia del mismo del ahorro exterior
  • Peso excesivo de la construcción

La nueva Ley de Economía Sostenible tiene como objetivo cambiar el sistema productivo para hacerlo más competitivo y sostenible. Para ello, se ha previsto una amplísima variedad de actuaciones en numerosos sectores, gracias a la aportación de la práctica totalidad de los ministerios y entre las que cabe destacar:

  • Corregir el déficit comercial mediante la innovación, la investigación y la mejora de la educación.
  • Garantizar el funcionamiento del sistema financiero mediante el FROB para ayudar a los bancos a reestructurarse, la reforma de las Cajas de Ahorros y la intervención directa del ICO para facilitar el crédito a las empresas, con especial atención a las PYMES y a la innovación.(20.000 millones de euros a aportar entre el ICO y los Bancos a partes iguales)
  • Mejorar la educación reduciendo el fracaso escolar y revalorizando la formación profesional
  • Promover la industria del automóvil, mediante estímulos a la compra en un primer momento y la introducción de I+D en el sector mediante los planes para el desarrollo de los coches eléctricos.
  • Mantener la construcción de viviendas de protección oficial para evitar el rebote de los precios cuando se agote el stock actual, facilitando de este modo el acceso a la misma a los jóvenes
  • Promover la remodelación de viviendas, actividad que requiere de mano de obra cualificada y además supone una política de vivienda más sostenible.
  • Desarrollar las Energías Renovables, tanto en su implantación en España como en el desarrollo de una industria exportadora de tecnología.

El debate que ha seguido a la exposición de Enrique Echegoyen ha sido muy vivo y por momentos apasionado, tratando asuntos como la participación de los funcionarios en los sacrificios necesarios para reducir el gasto público, la subida del IVA, la política de comunicación a los ciudadanos sobre la acción del gobierno, la situación de las PYMES, la nueva tasa sobre la actividad financiera propuesta por el PSM, la necesidad de tomar decisiones difíciles e impopulares por responsabilidad de gobierno, pese a sus posibles costes electorales y a la falta de colaboración de la oposición de derechas, la financiación de los ayuntamientos, la presión fiscal, etc.

El acto ha sido clausurado por Laura Oliva, Secretaria General de la Comisión Ejecutiva Local, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad por parte de todos, con especial mención a los funcionarios, sindicatos y gobernantes para contribuir a la salida de la crisis y ha manifestado su convencimiento de que los Socialistas estamos realizando un ejercicio de responsabilidad por encima de los posibles consecuencias electorales en el corto plazo así como nuestra disposición a seguir luchando para convencer a los ciudadanos de la bondad de nuestra política y nuestras propuestas.

lunes, 22 de marzo de 2010

Yo estoy libre de pecado y tiro una piedra

A través del Twitter de @ramonramon y de su blog he tenido conocimiento de la iniciativa de Ricardo J. Royo-Villanova (A Sueldo de Moscú) en respuesta a la pastoral del Papa sobre la pederastia en la Iglesia Católica en la que recuerda la frase de la Biblia "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra", que en este caso viene a ser algo así como "todos somos iguales", con una buena dosis de caradura.
También se ha sumado Anna Maria Garcia desde su blog.
Pues bien, yo me uno a los que consideran una desfachatez y un alarde de caradura por parte de los jefes de la iglesia católica el tratar de cumplir con los ofendidos con una disculpa tan liviana como la que figura en la pastoral.
Yo no he abusado nunca de menores. Y puedo desde dicha posición exigir una acción más enérgica y decidida por parte de los responsables de esa aberración social que es la organización de la iglesia católica, con sus normas antinaturales que exigen irracionalmente el celibato de una parte de sus miembros, estimulando de ese modo tanto la instalación en la mentira de muchos de ellos, como la aparición de aberraciones delictivas como los abusos sexuales a menores, las cuales, para más "inri" ocultan en una actitud que los convierte a ellos, a los dirigentes de la iglesia en delincuentes de acuerdo con las leyes de la mayoría de los paises en los que residen.
Para hacerse una idea del alcance de ese fenómeno, basta indicar que una búsqueda en Google con la frase "pederastia en la iglesia católica" arroja 251.000 resultados, ( y esto teniendo en cuenta que la búsqueda se realiza sólo en español y añadiendo el término "católica")
Es interesante visitar la entrada de la Wikipedia sobre este asunto, que roporciona información extensa y detallada.
¡Menos palabras y más actos por parte de los jefes de la iglesia católica!

martes, 16 de marzo de 2010

El consorcio de transportes, dependiente del Gobierno de Esperanza Aguirre, no se preocupa de las líneas de autobuses de Leganés

El servicio de transporte por autobús en Leganés es responsabilidad del Consorcio de Transportes de Madrid, entidad dependiente del gobierno de la Comunidad de Madrid, actualmente presidido por Esperanza Aguirre, del Partido Popular.
El trazado de las líneas de autobuses que dan servicio a los vecinos de Leganés se diseñó cuando todavía no se había construido el Metrosur.
Dicho trazado no se adapta a las necesidades de nuestra ciudad, existiendo redundancia con el Metro y carencia en determinados trayectos y barrios, como Leganés Norte o el Polígono Tecnológico, entre otros muchos ejemplos.
El Ayuntamiento de Leganés ha solicitado repetidas veces al Consorcio de Transportes los cambios que se necesitan para dar un servicio adecuado a los vecinos de esta ciudad.
Dichos cambios supondrían un aumento del número de viajeros, lo que reduciría el déficit del servicio, sufragado enteramente por la Comunidad de Madrid
El Consorcio de Transportes, hasta ahora, no ha realizado ninguna modificación, dando largas a los responsables municipales.
Quizás esperen obtener réditos electorales del descontento de los vecinos, que asocian la mayoría de los servicios con el ayuntamiento.
O quizás sean simplemente ineptos y actúen de este modo incomprensible por desidia.
Señores del Consorcio: (o quizás debería decir Señora Aguirre) por favor, sean inteligentes y hagan algo.
Mejorarán así el servicio prestado a los Leganienses y además reducirán su déficit.

Lecciones de aritmética: porcentaje es diferente de valor absoluto

Algunos confunden porcentaje con valor absoluto:

Cuando se dice que el IVA en España es inferior al Europeo, se está indicando que el porcentaje que se paga sobre el valor del bien o servicio es mayor.

Cuando se dice que en España pagamos menos impuestos que en el resto de Europa, lo que se quiere decir es que el porcentaje que cada uno paga sobre sus ingresos es inferior al europeo.

Cuando se dice que los salarios en España son menores que los de los paises europeos de nuestro entorno, lo que se quiere decir es que el valor absoluto del salario de un español es inferior al valor absoluto del de un europeo. de alguno de los países de nuestro entorno con los que queremos homologarnos.

Y cuando juntando ambos conceptos se dice que en España se pagan menos impuestos, pero que también se cobran salarios más bajos, y se considera que eso es lógico, se está comentiendo un error que los alumnos de primaria no cometen: comparar magnitudes heterogéneas.

Los españoles no solo pagamos menos impuestos que los otros europeos en valor absoluto, lo cual es lógico si tenemos menores ingresos, sino que, a igualdad de ingresos, también pagamos menos impuestos porque nuestros porcentajes son inferiores a los europeos.

Por favor, basta de demagogia barata e inculta por parte de los periodistas y opinadores interesados.

martes, 9 de marzo de 2010

España debe aumentar sus impuestos

En el corto plazo, cuando aumentan los impuestos, suele haber una reacción de contracción del consumo.
Esta reacción puede ser contraindicada cuando nos encontramos en una situación de crisis como la actual.
Probablemente este no es el momento más indicado para realizar una subida significativa de los impuestos.
Pero los españoles deberíamos tener algunas cosas claras:
Lógicamente, España debería homologarse a los países de la zona Euro en presión fiscal a largo plazo.

Podemos admitir que la táctica en materia fiscal a corto plazo intente resolver los problemas urgentes, pero lógicamente, tenemos que prepararnos para una tendencia a medio y largo plazo de aumento de la presión fiscal.

Los españoles tenemos que pagar más impuestos para financiar los mismos servicios que los países de nuestro entorno.

miércoles, 3 de marzo de 2010

Odio la corrupción política

Cuando una persona de izquierdas lee una noticia de corrupcion política perpetrada por un político de izquierdas, se siente doblemente cabreada, doblemente indignada, y doblemente ansiosa de obtener justicia.
El problema es que normalmente las cosas no son tan claras. Cuando la noticia aparece en la prensa el hecho no ha sido todavía confirmado judicialmente, y siempre te queda la duda de si se trata de una falsa acusación construida voluntaria e interesadamente o bien de una información verídica
La reacción debería ser siempre la de esperar a que las instancias investigadoras oficiales lleven a cabo sus pesquisas.
Y esto tanto para un caso de corrupción de izquierdas como, lo que es estadísticamente mucho más frecuente, para un caso de corrupción de derechas.
Lo que yo quisiera que ocurriera es lo siguiente:
  • Ante una noticia de corrupción, la entidad oficial correspondiente, bajo la dirección de su máximo responsable (Alcalde, Presidente autonómico, consejero, ministro, etc.) lanza una investigación seria, y objetiva.
  • Si los hechos adquieren verosimilitud se destituye o pide la dimisión, según las circunstancias, al infractor.
  • En caso contrario, se comunica oficialmente la exoneración de los implicados y se continúa como si el hecho no hubiera ocurrido
El problema surge cuando no nos fiamos de la investigación llevada a cabo por el mismo organismo implicado en la corrupción detectada, porque puede que haya un conflicto de intereses entre la función de los investigadores y su pertenencia a la organización encausada.
Pero yo considero que la única solución definitiva a la corrupción pasa por una investigación interna aplicando la tolerancia cero.
Probablemente los organismos públicos más comúnmente afectados por este tipo de casos deberían constituir tribunales lo más independientes y representativos posibles para juzgar este tipo de casos.
Mención aparte merece la actitud de los partidos políticos que están en la oposición, con demasiada frecuencia prestos a hacer demagogia, cuando no se dedican a construir falsas imputaciones en base a argumentos inventados o insuficientemente constatados.
Y el mayor cáncer de este asunto es la implantación entre la ciudadanía de la impresión que todos los políticos son iguales. No hay nada más dañino para el prestigio de la función pública y del ejercicio de la política.
Parece que el impacto de la corrupción política es diferente entre la derecha y la izquierda:
  • Cuando un votante de derechas tiene conocimiento de un caso de corrupción, incluso si éste afecta al político que se presenta a las elecciones, prevalece en la valoración de dicho votante su posición ideológica sobre la honestidad de los candidatos, por lo que de todas formas va a votar a la derecha.
  • Cuando un votante de izquierdas tiene conocimiento de un caso de corrupción, especialmente si éste tiene lugar en sus propias opciones para las elecciones, se produce dentro de él un debate entre la conveniencia de votar a su opción ideológica y su deseo de castigar la corrupción hurtando del voto al partido responsable de la misma. (Tenemos un ejemplo muy claro de esto, especialmetne sangrante, en la abstención de una parte de los votantes de izquierdas tras la deshonesta actitud de Tamayo y Sáez en Madrid, en la repetición de las elecciones madrileñas facilitando de este modo la constitución de un gobierno de derechas)
Por otro lado, los partidos de derecha tienen como uno de sus objetivos principales de comunicación la difusión del mensaje que indica que todos los políticos son iguales, algo que, por los mismos argumentos explicados anteriormente, acaba beneficiando a la derecha.

A mí me resultan tan odiosos los casos de corrupción, es tan deshonesto intentar robar a los ciudadanos de a pié, especialmente cuando se hace desde un puesto obtenido gracias a la confianza de los ciudadanos expresada en las urnas, que quisiera que se resolvieran de modo rápido aplicando el criterio de tolerancia cero.
Y creo que para las personas de izquierda, lo más eficaz es a la vez lo más honesto: ante un caso de corrupción, incluso si éste afecta a un político de su misma opción (yo diría, especialmente en este caso) Hay que actuar lo más rápidamente posible sancionando al infractor y apartándolo, en la medida que lo permita la legislación, de sus responsabilidades públicas.
Porque, como ya dije hace unos meses aquí mismo, la corrupción perjudica más a la izquierda que a la derecha, incluso cuando está perpetrada por la derecha.

martes, 2 de marzo de 2010

La política en la calle

Hace 19 años visité Munich por primera vez.
La democracia en España era una realidad, pero la actividad política en nuestro país, tal como yo la percibía, era algo que se limitaba a las fiestas y los mítines de las campañas electorales y lo que se publicaba en los medios de comunicación el resto del tiempo.
En las calles de Munich ví numerosas mesas ubicadas en la calle donde un grupo de activistas, de algún partido político, ofrecía información sobre algún asunto que mi rudimentario alemán no me permitió entender.
No había en aquella ocasión ninguna campaña electoral en marcha. Los militantes alemanes habían tomado la iniciativa de salir a la calle para informar de la posición de su partido sobre algún asunto sometido a debate público por aquel entonces.
Aquello fué una novedad para mí, la naturalidad con la que se llevaba el debate político a la calle, al nivel del ciudadano de a pié, me sorprendió y me produjo una sana envidia.
Desde entonces la actividad política ha cambiado mucho en España, sin duda para bién en la esencial.
Pero creo que todavía no hemos dado ese paso decisivo que acerque la política, y a los políticos, al ciudadano, a la calle.
Da la impresión de que todavía hay quien piensa que a la gente no se le pueden explicar las cosas como son, que hay que pre-digerirlas y darles forma, simplificándolas, o convirtiéndolas en un eslogan simple, para que la gente normal las entienda y pueda formar su opinión.
También hay mucha gente en la actividad política, la mayoría de los militantes de base y muchos cargos públicos, que echan (que echamos) en falta un mayor contacto directo con la gente, el intercambio bidireccional y cotidiano con los votantes.
Si dejamos la comunicación directa con los ciudadanos para la época de la campaña electoral y nos limitamos el resto del tiempo a debatir a través de los titulares de los medios de comunicación, se producirán varios hechos negativos:
  • Los votantes tendrán una información limitada en sus argumentos, sobre las propuestas y realizaciones de unos y otros.
  • Los partidos políticos no tendrán más información sobre las posturas y problemas de la gente que la que puedan obtener de las encuestas que realicen y de lo que digan los medios de comunicación
  • Los ciudadanos se sentirán lejos de los políticos que los representan y tenderán a considerarlos a todos iguales o similares.
  • Cualquier hecho grave que requiera tomar decisiones difíciles que supongan reducir determinadas ventajas para algun colectivo resultará más difícil de afrontar.
  • Los militantes de los partidos políticos tenderán a desmotivarse y acabarán trabajando únicamente aquellos que ostenten cargos públicos o aspiren a hacerlo
Los partidos políticos cumplen en nuestra sociedad la función de canalizar y facilitar la participación de los ciudadanos en la gestión pública.
Creo que el camino que deben tomar los partidos políticos para responder a esa misión es salir a la calle con sus propuestas, previamente debatidas, acordadas y explicadas a sus militantes, para que éstos las trasladen a los ciudadanos y obtengan a su vez de ellos sus reacciones, procupaciones y propuestas.
La política debe apoyarse en ese debate abierto y cotidiano.
Los militantes, que al afiliarse a un partido expresan un compromiso de participación en la vida política deben ser los principales actores de dicha comunicación.
Los militantes tienen la obligación de asumir dicho protagonismo.
Los cuadros dirigentes de los partidos, a todos los niveles, tienen la obligación de estructurar, organizar y dirigir la participación de los militantes exigiéndoles su implicación en dicha actividad y proporcionándoles los medios necesarios para ejercerla.
La clave es salir a la calle y hablar con la gente, y para eso estamos los militantes de los partidos políticos, que somos muchos y hemos adquirido un compromiso al afiliarnos
 
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