El acto, organizado por Angelines Micó, Secretaria de Desarrollo Económico y Sostenible de la Comisión Ejecutiva Local, ha contado con la intervención principal de Enrique Echegoyen, Diputado en la Asamblea de Madrid y la participación muy animada durante el coloquio, de una veintena de militantes de la agrupación.
Enrique Echegoyen ha explicado los objetivos y el alcance de la nueva Ley de Economía Sostenible, recientemente aprobada por el gobierno, partiendo de los antecedentes que permiten entender la necesidad de dicha iniciativa:
- El modelo productivo español anterior a la crisis
- La crisis económica, sus causas y sus consecuencias
Respecto al modelo productivo español anterior a la crisis, se ha explicado su excesiva dependencia de la construcción, exacerbada con la política de los gobiernos de José María Aznar, especialmente con su Ley del Suelo, que tuvo efectos contrarios a los anunciados al generar una escalada sin precedentes de los precios inmobiliarios y un crecimiento desmesurado de la actividad constructiva, llegándose, en el año 2007 a construirse 700.000 viviendas, cuando las necesidades máximas de nuestro país estarían entorno a las 350.000 anuales.
El otro aspecto negativo de nuestro modelo productivo era el excesivo déficit comercial, consecuencia de una baja productividad que nos ha hecho poco competitivos
En cuanto a la crisis económica, se ha explicado su origen, fundamentalmente financiero, que en España, aunque no ha supuesto la quiebra de nuestros bancos, sí ha reducido drásticamente la financiación del sector privado, que se había endeudado fuertemente por el gran número de hipotecas de los particulares y la generosa política de créditos a las empresas desarrollada por los bancos y cortada de raiz al llegar la crisis.
Aunque todos los sectores económicos se han visto afectados por esta reducción casi a la nada del mercado financiero, el sector de la construcción se ha visto severamente afectado, pasando a un volumen de construcción de algo más de 100.000 viviendas anuales. Teniendo en cuenta que una vivienda anual supone dos puestos de trabajo, la reducción en 600.000 del número de viviendas construidas ha supuesto la pérdida de 1.200.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción.
La Ley de Economía Sostenible pretende corregir por un lado los aspectos negativos de nuestro modelo productivo, en particular:
- su excesiva dependencia del sector de la construcción y
- su baja competitividad,
y por otro lado los efectos negativos de la crisis sobre la economía española, especialmente en lo relativo a:
- la fuerte destrucción de empleo y
- la dificultad de financiación de las empresas por el deficiente funcionamiento del mercado financiero.
Pero La Ley de Economía sostenible no aparece como un conjunto de medidas aislado, sino que se inscribe dentro de una serie de medidas que se habían comenzado a aplicar desde la primera legislatura de gobiernos de Zapatero.
En efecto, una de las primeras medidas de Zapatero fué la reforma de la Ley del Suelo para reducir el crecimiento desmesurado de los precios inmobiliarios y el peso de dicho sector en el conjunto del PIB.
Esta y otras medidas relacionadas comenzaron a dar fruto de modo paulatino, lentamente, hasta que el estallido de la crisis provocó la caida del sector abruptamente como se ha explicado.
La otra medida importante de Zapatero fué aumentar de modo espectacular y sostenido el gasto del Estado en I+D+I, corrigiendo de este modo la dejadez de los gobiernos de Aznar en este terreno. Lamentablemente, aunque subió la actividad de investigación financiada con dinero público, el sector privado no se sumó a dicho aumento, con lo que el efecto de dicho aumento ha sido relativamente bajo.
Al sobrevenir la crisis, anticipándose al aumento de desempleo en el sector de la construcción que iba a traer consigo, el gobierno de Zapatero lanzó el primer "plan E", dotado con 8.000 millones de Euros, cuyo objetivo principal era la creación rápida de puestos de trabajo en la construcción realizada a través de los ayuntamientos de toda España.
Al mismo tiempo, y para hacer frente a las dificultades de liquidez de los mercados financieros, el gobierno puso en marcha una línea de crédito a disposición de los bancos que lo necesitasen. Conviene destacar aquí que estas ayudas al sector financiero no han sido dinero regalado a los bancos, sino préstamos realizados por el Banco de España a los bancos que lo han solicitado, préstamos por los que dichos bancos pagan unos intereses que suponen importantes beneficios para el Estado.
También es importante aclarar que el sector financiero es una pieza básica para el funcionamiento de la economía y que el dinero que manejan proviene fundamentalmente de los ahorros que millones de ciudadanes han depositado.
Finalmente, antes de la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, el gobierno lanzó un segundo "Plan E", dotado con 5.000 millones de euros, tramitado también a través de los ayuntamientos, cuyo objetivo principal ya no se limita a parar parcialmente el golpe sobre el empleo, como el anterior, sino que se orienta a la reforma del modelo productivo haciendo hincapié en el desarrollo del uso de nuevas tecnologías y en la aplicación de políticas sociales, aspectos ambos que forman parte de los ejes principales del nuevo modelo productivo que se quiere implantar.
Llegamos así a la Ley de Economía sostenible, que analizando las características de nuestra economía, sus fortalezas y sus debilidades, trata de corregir éstas apoyándose en aquellas.
Entre los aspectos positivos de nuestra economía, se pueden citar:
- El tamaño alcanzado por nuestra economía, que se sitúa actualmente como la novena economía del mundo
- La posición de liderazgo en la industria de las energías renovables
- La buena posición en las Tecnologías de la Información y en el sector aeronáutico.
- El peso y la calidad de nuestra industria automovilística
- Tasa de paro elevada
- Déficit comercial excesivo (baja productividad)
- Endeudamiento excesivo del sector privado y dependencia del mismo del ahorro exterior
- Peso excesivo de la construcción
La nueva Ley de Economía Sostenible tiene como objetivo cambiar el sistema productivo para hacerlo más competitivo y sostenible. Para ello, se ha previsto una amplísima variedad de actuaciones en numerosos sectores, gracias a la aportación de la práctica totalidad de los ministerios y entre las que cabe destacar:
- Corregir el déficit comercial mediante la innovación, la investigación y la mejora de la educación.
- Garantizar el funcionamiento del sistema financiero mediante el FROB para ayudar a los bancos a reestructurarse, la reforma de las Cajas de Ahorros y la intervención directa del ICO para facilitar el crédito a las empresas, con especial atención a las PYMES y a la innovación.(20.000 millones de euros a aportar entre el ICO y los Bancos a partes iguales)
- Mejorar la educación reduciendo el fracaso escolar y revalorizando la formación profesional
- Promover la industria del automóvil, mediante estímulos a la compra en un primer momento y la introducción de I+D en el sector mediante los planes para el desarrollo de los coches eléctricos.
- Mantener la construcción de viviendas de protección oficial para evitar el rebote de los precios cuando se agote el stock actual, facilitando de este modo el acceso a la misma a los jóvenes
- Promover la remodelación de viviendas, actividad que requiere de mano de obra cualificada y además supone una política de vivienda más sostenible.
- Desarrollar las Energías Renovables, tanto en su implantación en España como en el desarrollo de una industria exportadora de tecnología.
El debate que ha seguido a la exposición de Enrique Echegoyen ha sido muy vivo y por momentos apasionado, tratando asuntos como la participación de los funcionarios en los sacrificios necesarios para reducir el gasto público, la subida del IVA, la política de comunicación a los ciudadanos sobre la acción del gobierno, la situación de las PYMES, la nueva tasa sobre la actividad financiera propuesta por el PSM, la necesidad de tomar decisiones difíciles e impopulares por responsabilidad de gobierno, pese a sus posibles costes electorales y a la falta de colaboración de la oposición de derechas, la financiación de los ayuntamientos, la presión fiscal, etc.
El acto ha sido clausurado por Laura Oliva, Secretaria General de la Comisión Ejecutiva Local, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad por parte de todos, con especial mención a los funcionarios, sindicatos y gobernantes para contribuir a la salida de la crisis y ha manifestado su convencimiento de que los Socialistas estamos realizando un ejercicio de responsabilidad por encima de los posibles consecuencias electorales en el corto plazo así como nuestra disposición a seguir luchando para convencer a los ciudadanos de la bondad de nuestra política y nuestras propuestas.
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