Hoy tratamos las medidas incluidas en el llamado Plan E lanzado en el año 2009 y uno de cuyos ejes principales era la creación de empleo en el sector de la construcción.
Ha habido críticas sobre la inutilidad de algunas de las obras realizadas con cargo a dicho plan, ridiculizándolo con comentarios como que se rompían aceras para volverlas a contruir en obras totalmente inútiles.
Yo considero estas críticas injustas por las razones que siguen.
Durante el último año antes de la crisis se construyeron en España del orden de 700.000 viviendas nuevas.
Las necesidades de viviendas en España son aproximadamente de 350.000 viviendas nuevas anuales.
El primer año tras la crisis se han construido en España unas 100.000 viviendas.
La construcción de una vivienda supone aproximadamente dos empleos durante un año.
Eso quiere decir que el impacto de la crisis sobre el sector de la construcción, al reducir el número de viviendas nuevas en 600.000, ha generado la pérdida de 1.200.000 puestos de trabajo.
Ese impacto se veía venir desde el principio. Por eso el gobierno, desde el principio, reflexionó tratando de encontrar el mejor método para crear rápidamente puestos de trabajo en la construcción que paliara (porque resolver completamente era imposible) el inmenso problema que iba a suponer la pérdida de más de un millón de empleos.
La idea que acabó imponiéndose fué la de aprovechar la capacidad de más de ocho mil municipios en España para promover obras públicas que diesen empleo a tantos trabajadores como fuese posible.
El gobierno central puso sobre la mesa 11.000 millones de euros adicionales a los ya presupuestados para que los ayuntamientos los invirtieran en obras públicas que crearan empleo.
Para el uso de dichos fondos, que se repartieron entre todos los municipios en proporción a su población, se pusieron varias condiciones que perseguían asegurar la creación de tantos puestos de trabajo como fuera posible. Se estimaban en 300.000 los que se podrían generar con el presupuesto liberado
Entre las condiciones impuestas figuraban las siguientes:
- Un plazo corto para la presentación de los proyectos.
- Un tamaño máximo de los proyectos para asegurarse de su realización en un plazo breve.
- Un plazo máximo para la terminación de los proyectos, siempre dentro del año 2009.
- Asegurarse de que las empresas adjudicatarias iban a crear empleo o a evitar la pérdida del mismo de modo concreto.
Los ayuntamientos trataron, lógicamente, de aprovechar del mejor modo posible el dinero disponible. Pero no debemos olvidar que el objetivo principal era la creación de puestos de trabajo, no la realización de inversiones.
Sin duda hubo más de una inversión de dudosa utilidad, como consecuencia de las prisas. Pero juzgar dichas inversiones únicamente por su utilidad final sería un error.
Posteriormente, este año, ante el éxito del primer plan, el gobierno ha decidido mantener el modelo, apoyándose en los ayuntamientos, pero con un objetivo muy distinto, buscando el cambio de modelo de crecimiento mediante el impulso de las nuevas tecnologías y de la ayuda a los dependientes, ambos sectores identificados entre los principales viveros de empleo sostenible en el futuro.
Pero ésa es otra historia que trataremos en otro momento.
Por ahora, y en relación con el primer plan E, podemos decir que el gobierno hizo lo adecuado, con la rapidez necesaria para paliar un problema agudo que se veía venir y consiguiendo, sin duda, que el golpe al empleo en la construcción fuera, pese a su dureza, menor de lo que podría haber sido sin la acción decidida de Zapatero y sus ministros.
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