Anticorrupción preventiva en la Comunidad de Madrid

Desde febrero del 2009 estamos descubriendo cada día información sobre el caso "Gürtel", ése que trata de la corrupción política alrededor de los cargos políticos del PP en Madrid, Valencia y otros lugares.

Una de las características destacables de este caso es que cuando lo descubrimos por la información publicada, el caso ya se ha producido y lo único que podemos hacer al respecto es castigar en los tribunales a los responsables penales y sacar a la luz a los responsables políticos para que los ciudadanos puedan sancionarles con su voto.
Resulta frustrante constatar con impotencia que el daño ya se ha producido, el dinero público ya está en manos de los corruptos, los empresarios honestos ya han perdido su oportunidad de trabajar con la administración, los ciudadanos ya han sufrido menoscabo en los servicios prestados por el estado.
En teoría, el Estado dispone de mecanismos para impedir la corrupción:

• El cuerpo de Interventores de los organismos públicos
• Las comisiones de control de contratación de Ayuntamientos, Parlamentos Autonómicos, etc.
• Las comisiones de contratación de los diferentes organismos públicos
• La labor fiscalizadora y de control de la oposición en los distintos ámbitos, nacional, autonómico y local.

Del buen funcionamiento de dichos mecanismos depende que podamos evitar la corrupción.

Es previsible que los corruptos, desde sus puestos en las distintas administraciones, traten de impedir el funcionamiento de dichos mecanismos de control con el fín de alcanzar sus ilegítimos objetivos.

En estos momentos podríamos estar asistiendo en la Comunidad de Madrid a uno de esos episodios en los que los corruptos se enfrentan a los que pretenden controlarles.

Tomás Gómez ha informado públicamente de las iniciativas tomadas por el Partido Socialista de Madrid tanto en el Parlamento como ante los juzgados para denunciar la posible corrupción que se estaría produciendo en estos momentos en la Comunidad de Madrid con la contratación de diferentes servicios con las empresas del grupo "Rafael" que, al parecer, habrían ocupado el lugar de las del grupo "Correa" y de las que se sospecha podrían estar aplicando los mismos procedimientos ilegales de éste último.

Se apoya dicha sospecha en el hecho de que parte de los servicios investigados en el caso "Gürtel" fueron subcontratados por las empresas de Francisco Correa a las del grupo Rafael.

Y se refuerza la sospecha ante la actitud obstaculizadora del gobierno de Esperanza Aguirre frente a las solicitudes de información cursadas por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid sobre los contratos del gobierno autonómico con el mencionado grupo Rafael.

Que actúen los mecanismos de control para garantizar la transparencia y honestidad en los contratos de la Comunidad de Madrid.

Sería de una gravedad extrema el descubrimiento de una continuación de las actuaciones corruptas en Madrid. Esperanza Aguirre no podría ya esconderse más detrás de sus colaboradores "combustibles"