El Supremo reconoce su error con Garzón

En un movimiento de equilibrismo arriesgado el Tribunal Supremo ha acelerado el juicio a Garzón por las escuchas del caso "Gürtel" con la esperanza de que, si resulta condenado, se ahorrará el bochorno de juzgarle y absolverle por los crímenes contra el Franquismo ya que Garzón perdería su dudoso "privilegio" de ser juzgado por el Supremo pasando el caso a un tribunal ordinario.

Porque ya se han dado cuenta, en realidad lo sabían desde el principio, que este último proceso no tiene sustentación racional y no saben cómo salir del atolladero sin aceptar su vergonzosa incompetencia o, quizás peor aún, su propia actuación prevaricadora.

El problema para el Supremo es que también es difícil condenarle por las escuchas, aunque no hay que dudar de que forzarán las cosas al máximo para conseguirlo.

Es urgente que los miembros del Supremo que están cometiendo esta barbaridad, malgastando los escasos recursos de la Justicia, desaparezcan de dicho tribunal por la salud y el prestigio de la Justicia en España.

Apoyo a Garzón

Hace unas semanas publiqué un artículo manifestando mi discrepancia con el proceso a Garzón por investigar los crímenes del Franquismo

Lamentablemente hoy tengo que volver a escribir sobre el asunto porque un juez del Tribunal Supremo ha decidido procesarle por prevaricación y ese procesamiento podría dar lugar en los próximos días a su separación cautelar (provisional) del puesto de juez, con el riesgo de acabar condenado y siendo expulsado de la carrera judicial.

Y esto ya me parece pasar de castaño a oscuro.

En primer lugar, sin ser experto en leyes, (aunque en cada español habría un experto en derecho a juzgar por lo que se lee y lo que se oye por ahí) considero ridícula y muy discutible la argumentación del juez que procesa a Garzón. El juez no entra en el fondo de la cuestión, es decir en valorar si el comportamiento de Garzón en el hecho denunciado constituye un delito o no, sino que se limita a decir que podría serlo. Es evidente que cualquier juez, en el ejercicio de su profesión podría cometer prevaricación, del mismo modo que cualquier cocinero, en el ejercicio de su profesión podría envenenar el plato que cocina.

Por otro lado, el sibilino juez evitaría pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, alegando que es para evitar contaminarse, es decir para evitar que una toma de posición previa al juicio pudiera inhabilitarle para actuar también como magistrado en el proceso. De este modo, se asegura la posibilidad de ser uno de los dos jueces que intervendrán en el proceso.
Y así, jugando con los turnos, cuyos mecanismos conocen a la perfección, los magistrados predispuestos a echar a Garzón de la judicatura podrían intentar constituir un tribunal para juzgarle claramente parcial.

Todo esto me ha parecido entender tras una lectura crítica de lo publicado sobre el asunto.

Intento ponerme en el lugar de los que creen que Garzón ha prevaricado y trato de analizar la situación lo más objetiva e imparcialmente posible. Es un ejercicio difícil, porque hay muchos sentimientos en juego en este asunto.
Pero por más que lo intento, el único lugar donde veo signos claros de prevaricación, es en la actuación del Juez que ha decidido procesar a Garzón.

Creo que si Kafka hubiera vivido en este siglo, escribiría una nueva versión de su famoso libro "El Proceso" con las sorprendentes aportaciones del juicio a Garzón, porque el original se le antojaría ampliamente superado por la realidad.

Sinceramente, espero que tengan razón los jueces que, desde su discrepancia con el camino recorrido hasta ahora por este proceso a Garzón, manifiestan su confianza en una solución del mismo favorable al magistrado de la Audiencia Nacional.

De lo contrario, como decía una interlocutora en Twitter, volvería a sentir vergüenza por ser español, como la que me hizo pasar Aznar durante su mandato. En este caso sería por nuestro sistema de administración de justicia.

El criminal nunca gana (al menos no debería)

En todo este asunto de Gürtel y las escuchas hay muchos protagonistas cuyo comportamiento merece una reflexión:

• Correa y sus colaboradores
• Los políticos del PP imputados
• Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional que instruyó la causa hasta que la transfirió al TSJ Madrid al haber aforados.
• Antonio Pedreira, magistrado del TSJ Madrid actual instructor del caso
• Los jueces del TSJ Madrid Francisco Javier Vieira Morante y Emilio Fernández Castro
• El juez del TSJ de Madrid José Manuel Suárez Robledano
• Los abogados de Correa y sus colaboradores
• Federico Trillo, al que no puedo mencionar sin añadir la palabra mentiroso.
• Esperanza Aguirre
• Mariano Rajoy y el resto de la cúpula del PP

Vayamos por partes:

Correa y sus colaboradores

Son presuntamente unos delincuentes y unos inmorales que han tratado de hacerse ricos fácilmente a costa del dinero de todos nosotros. Para ello no habrían dudado en corromper a un grupo de políticos.

Pertenecen a un modelo de personas que deberíamos excluir de nuestra sociedad.

Los políticos del PP imputados
Han cometido, presuntamente, el crimen más odioso que puede cometer un político en el desempeño de su cargo. Los votantes han depositado en ellos su confianza para que administren los asuntos públicos y la han defraudado desacreditándose definitivamente como servidores públicos. Como políticos están acabados. Sus compañeros de partido deberían estar muy molestos con ellos y ser los primeros en despreciarlos y perseguirlos.

Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional que instruyó la causa hasta que la transfirió al TSJ Madrid al haber aforados.

Como juez instructor realiza un trabajo similar al que estamos acostumbrados a ver realizar por parte del fiscal en las películas americanas de juicios. Su labor es instruir las causas, es decir, investigar, encontrar las pruebas y documentar la acusación. Su labor no consiste en juzgar, eso lo realizarán más adelante, los jueces reunidos en un tribunal si de la instrucción se deriva una acusación formal. En la presente legislatura ha habido un intento de reforma legislativa que asignaba a la fiscalía una buena parte de las funciones del juez instructor. Institucionalmente el juez instructor defiende los intereses del Estado, es decir, de todos nosotros, frente a las agresiones realizadas por los delincuentes.

Ha realizado la instrucción con profesionalidad y rigor de acuerdo con su propio criterio, refrendado por numerosos juristas. El hecho de que tenga tendencia al exhibicionismo no devalúa la calidad profesional de su trabajo como instructor. Es una persona odiada por todos aquellos a los que ha perseguido y mal vista por muchos de sus compañeros, que opinan de él que es excesivamente ambicioso y tiene demasiado afán de protagonismo. Pero esto tampoco supone menoscabo de su labor como instructor.

Al ordenar las escuchas ha actuado con rigor. Muchos expertos en derecho coinciden con la interpretación de Garzón respecto a la legitimidad del juez para intervenir las comunicaciones entre los acusados y sus abogados defensores basándose en el hecho de que había indicios (más que suposiciones o conjeturas, y menos que sospechas basadas en pruebas) de la comisión de un delito por parte de los mismos, como así confirmaron, por otro lado, los resultados de las escuchas.

Antonio Pedreira, magistrado del TSJ Madrid actual instructor del caso

Este magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido encargado de actuar como juez instructor, sustituyendo a Garzón, al haber entre los acusados al menos un aforado del ámbito regional (en este caso, varios Diputados Regionales electos)

Antonio Pedreira coincide con Garzón en la interpretación de la Ley ante las escuchas, dándolas por correctamente ordenadas.

Hay que tener en cuenta que, contrariamente a los jueces de la Audiencia Nacional, que es una entidad dedicada a la instrucción de los sumarios, los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia, como en este caso el de Madrid, no disponen de una estructura adecuada para la realización del trabajo de instrucción, por lo que en general tienen más dificultades y tardan más tiempo en realizar dicho trabajo.

Este juez está realizando su trabajo como instructor con rigor y profesionalidad, pese a que el plazo de realización esté resultando muy largo.

Al ser el responsable de la instrucción, no puede formar parte del tribunal que decide sobre el recurso contra la validez de las escuchas, pese a ser miembro del TSJ de Madrid como los tres encargados de estudiar y decidir sobre dicho recurso.

Los jueces del TSJ Madrid Francisco Javier Vieira Morante y Emilio Fernández Castro

Estos dos jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hacen una interpretación de la Ley "garantista", es decir, se pronuncian a favor del derecho a la defensa de los acusados, que, como sabemos, en nuestro ordenamiento legal son considerados inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Esto, dicho así podría llevarnos a considerar como legítima su posición. Sin embargo, no hay que olvidar que el objetivo último de la justicia es defender el bien común, y en este caso la consecuencia de su decisión es que unos delitos de los que se ha tenido conocimiento fehaciente no serán perseguidos, prevaleciendo los intereses de los delincuentes frente a los del Estado, es decir, los de todos nosotros.

Pero hay otros aspectos a considerar en la actuación de estos jueces. Uno de ellos intervino como juez en una denuncia relacionada con una de las actuaciones presuntamente delictivas realizada por los acusados dentro de la serie de operaciones por las que están imputados actualmente. Su decisión permitió en aquella ocasión que se denegara la imputación y no se juzgara el caso. Ésta sería la segunda vez en la que el mismo juez contribuye a evitar que sea juzgado un hecho delictivo, realizado por el mismo grupo de personas, dentro del mismo tipo y conjunto de actuaciones por las que son perseguidos ahora.

Es razonable percibir en la actuación de estos jueces motivaciones que van más allá de la simple valoración jurídica conforme a derecho de los hechos recurridos. Sobre todo porque, a la luz de las informaciones publicadas y de las explicaciones técnicas dadas por los diferentes juristas, uno, aplicando la razón y el sentido común, llega a la conclusión contraria a la de estos dos miembros del TSJ de Madrid, casualmente pertenecientes al sector conservador, afín al PP, que es parte interesada en este caso. Ya sabemos lo que significa esa afinidad a la luz de las informaciones sobre los tejemanejes poco edificantes que se realizan para los nombramientos en los distintos altos cargos de la judicatura.

El juez del TSJ de Madrid José Manuel Suárez Robledano

Este juez ha coincidido en la interpretación de la ley con las posiciones de los dos jueces que han intervenido en la instrucción, Baltasar Garzón primero, desde la Audiencia Nacional y Antonio Pedreira después, desde el TSJ de Madrid. Su postura, que también es defendida por la fiscalía, considera que las escuchas ordenadas por Garzón se efectuaron en estricto respeto de la Ley, y son por tanto válidas todas las pruebas obtenidas como consecuencia de ellas.

Vemos que sobre este asunto se han manifestado cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habiendo dos a favor de considerar válidas las escuchas y dos en contra. Pero como lo que vale al final es lo que deciden los tres que forman el tribunal que estudia el recurso, pues formalmente se dice que el TSJ de Madrid considera las escuchas como no ajustadas a derecho y por tanto no válidas para la instrucción, pese a que el sentido común, la razón y la aritmética nos digan que las opiniones a favor y en contra expresamente manifestadas están divididas al 50%

Los abogados de Correa y sus colaboradores

Estos abogados, tal como se ha podido saber a través de las escuchas, han colaborado con los acusados en la ocultación de pruebas y en la continuidad del delito por el que aquellos estaban acusados. Entre otros actos, han intentado (y probablemente lo consigan) escamotear más de 20 millones de Euros que la trama formada por los acusados había conseguido ocultar en Suiza.

Ahora, gracias a la decisión tomada por unos jueces que a muchos nos parecen excesivamente inclinados a favorecer a los acusados, vamos a jugar al juego de las mentiras. Es decir, aunque sabemos que estos señores han cometido un delito, como dos jueces han dicho que no teníamos derecho a averiguarlo, pues ahora decimos que no lo han cometido, y se van de rositas, y ya veremos si conseguimos recuperar algo de los más de 20 millones de Euros.

A mí esto me resulta escandaloso e inmoral y creo que somos muchos los que pensamos así, por lo que probablemente estemos ante una situación de Alarma Social. Aunque no sé muy bién para qué sirve eso.

Federico Trillo, al que no puedo mencionar sin añadir la palabra mentiroso.

Este personaje de la política española se ha distinguido por su falta de gallardía al dejar que sus subordinados carguen con las culpas por las identificaciones falsas de los militares españoles fallecidos en el accidente aéreo ocurrido cuando regresaban de Afganistán, identificaciones falsas que se produjeron por las órdenes dadas por él para que terminaran el trabajo en un plazo imposible de cumplir.

Pero además de eso, resulta que es un hábil jurista, de esos que persigue sacarle el máximo partido a la letra de la ley sin importarle la moralidad de sus acciones. Lo que castizamente llamaríamos un listillo, o un aprovechado.

Y este personaje es el responsable de la estrategia del PP en los asuntos judiciales más importantes en los que dicho partido o sus afiliados y cargos públicos se ven involucrados, ya sea como denunciantes o como denunciados.

Y para el caso Gürtel el PP, en lugar de perseguir con especial saña por el daño que le han hecho, a los presuntamente responsables del delito más odioso que puede cometer un político en el desempeño de su cargo, la corrupción, que supone defraudar la confianza depositada en ellos por los votantes y por su propio partido, en lugar de perseguirles, han optado por una estrategia que los hurte lo máximo posible de los medios de comunicación, aplicándoles una disciplina de "perfil bajo" y tratando de encontrar en los recovecos de la ley los resquicios que les permitan reducir al mínimo posible las consecuencias de sus delitos.

Y el responsable de perpetrar esa estrategia manifiestamente inmoral es nuestro viejo conocido Trillo.

En realidad, si lo pensamos bien, resulta coherente: miente y demuestra falta de gallardía en el caso de las falsas identificaciones y ahora intenta hurtar de la acción de la justicia a personas que han actuado de forma delictiva. Son dos actos igualmente inmorales e indignos de un político que pretende solicitar la confianza de los ciudadanos.

Me siento incómodo al lado de personajes de esta catadura.

Esperanza Aguirre

Como superior jerárquica inmediata de la mayoría de los imputados, ha adoptado una actitud consistente en minimizar el impacto de este caso en sus intereses personales y los de su partido. Esto es legítimo, no se le puede pedir a alguien que se haga daño a sí mismo.

Sin embargo, esto no debería ser incompatible con dos acciones que se echan de menos:

• Castigar con el máximo rigor a los responsables de estos actos.
• Corregir con decisión los comportamientos para evitar, y demostrar a los ciudadanos que lo hace, que se puedan reproducir.

La mayoría de los imputados han dimitido o han sido cesados "un poquito", lo justo para poder decirlo a la prensa, aunque se les haya dejado en posiciones muy cercanas a las que tenían.

Las estructuras políticas, especialmente en los ayuntamientos implicados en los hechos perseguidos, se han mantenido e tanto en su organización como en las personas a cargo, en una situación muy similar a la existente durante el período en el que se produjeron los hechos perseguidos.

Todo esto hace pensar que no hay voluntad de corregir comportamientos inmorales como los que se están persiguiendo, sino que lo único que importa es "que no te pillen".

Falta en la actitud y en las acciones de Esperanza Aguirre altura de miras. Cabria esperar más ejemplaridad de alguien que pretende liderar a la sociedad madrileña.

Mariano Rajoy y el resto de la cúpula del PP

Finalmente llegamos a la cúpula dirigente del PP, y nos encontramos con todos los defectos que hemos comentado anteriormente sintetizados:

• No se persiguen con rigor las conductas inmorales de aquellos que se han comportado indignamente
• Prevalecen los intereses cortoplacistas y las estrategias relacionadas con las luchas internas de poder sobre la moralidad
• Se ordena una estrategia de trabajar para reducir al mínimo el castigo a los delincuentes con el fín de evitar que dicho castigo tenga un impacto sobre los intereses electorales del partido.
• Se desprecian las consecuencias de dicha estrategia sobre la honorabilidad de jueces e instituciones

También en el caso de Rajoy y sus colaboradores inmediatos se echa de menos una actitud más ejemplar y moral, adecuada a alguien que pretende algún día gobernar España.

Sólo tres personas en todo este embrollo se puede decir con plena convicción que han actuado con honestidad y respeto a la moral.

Y una de ellas, el juez Baltasar Garzón, tendrá que pagar un alto precio por ello.

Lamentable

El disparate del proceso a Garzón por investigar los crímenes del franquismo

El Tribunal Supremo de España está tramitando una denuncia contra el juez Garzón presentada por un grupo político procedente del régimen franquista, acusándole de haber cometido prevaricación al juzgar los crímenes del franquismo.

Al parecer podría haber argumentos jurídicos que avalarían la denuncia sobre la base de las leyes en vigor.

Como comenta hoy José María Ridao en El País, en este caso podría existir una contradicción entre lo legalmente correcto y lo moralmente correcto.

¿Es moralmente aceptable que un partido como Falange, protagonista principal del franquismo, contrario al ordenamiento jurídico actual de España, pueda utilizar esas leyes que rechaza para atacar a un juez que pretende juzgar el franquismo?

Baltasar Garzón es un juez especial.
Es el juez más famoso de España, y probablemente del mundo entero.
A él le gusta, al parecer, ser famoso, y lo promueve.

Existen muchas críticas por parte de sus compañeros, algunas, al parecer bien fundadas, respecto a sus métodos, y también respecto a la relación entre éstos y sus ambiciones.

Yo no tengo información ni conocimientos suficientes para juzgar sobre estas críticas, aunque todo lo que he leido sobre el tema me ha llevado a matizar mi admiración hacia él derivada de lo que a través de los medios de comunicación he conocido de sus hazañas judiciales, fraguada (mi admiración) sobre su lucha en pos de la justicia universal, tanto en España como en el plano internacional.

Tampoco es ésto lo más importante en el asunto que nos ocupa.

Independientemente de los argumentos jurídicos, rechazo frontalmente la posibilidad de que un juez que ha intentado hacer justicia en relación con los crímenes del franquismo, pueda resultar sancionado por ese intento.

En las acciones del franquismo durante sus cuarenta años de vigencia ha habido unos agresores, a los que me gustaría que se llamara por su nombre de delincuentes, y unas víctimas de sus agresiones, que tienen derecho a ser resarcidos. Muchas de esas víctimas no pueden defenderse porque los agresores les quitaron todo al arrebatarles la vida.

Que un juez trate de encontrar en los vericuetos de las leyes en vigor un camino para hacer justicia castigando a dichos agresores y resarciendo a las víctimas, me parece muy positivo.

Sería un disparate que la justicia en España acabara castigando al juez que trata de hacer justicia respondiendo a una iniciativa de los propios delincuentes a los que persigue, o de sus sucesores.

No sé cuál es la fórmula jurídicamente válida para evitar ese disparate.

Pero las instituciones españolas tienen la obligación de encontrar dicha fórmula y aplicarla para evitar una injusticia que, además de ser un disparate, puede dejarnos en ridículo ante la comunidad internacional para regocijo de los nostálgicos del franquismo.

Garzón, somos muchos, mayoría sin duda, los que estamos contigo en este asunto.