Hace unas semanas publiqué un artículo manifestando mi discrepancia con el proceso a Garzón por investigar los crímenes del Franquismo
Lamentablemente hoy tengo que volver a escribir sobre el asunto porque un juez del Tribunal Supremo ha decidido procesarle por prevaricación y ese procesamiento podría dar lugar en los próximos días a su separación cautelar (provisional) del puesto de juez, con el riesgo de acabar condenado y siendo expulsado de la carrera judicial.
Y esto ya me parece pasar de castaño a oscuro.
En primer lugar, sin ser experto en leyes, (aunque en cada español habría un experto en derecho a juzgar por lo que se lee y lo que se oye por ahí) considero ridícula y muy discutible la argumentación del juez que procesa a Garzón. El juez no entra en el fondo de la cuestión, es decir en valorar si el comportamiento de Garzón en el hecho denunciado constituye un delito o no, sino que se limita a decir que podría serlo. Es evidente que cualquier juez, en el ejercicio de su profesión podría cometer prevaricación, del mismo modo que cualquier cocinero, en el ejercicio de su profesión podría envenenar el plato que cocina.
Por otro lado, el sibilino juez evitaría pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, alegando que es para evitar contaminarse, es decir para evitar que una toma de posición previa al juicio pudiera inhabilitarle para actuar también como magistrado en el proceso. De este modo, se asegura la posibilidad de ser uno de los dos jueces que intervendrán en el proceso.
Y así, jugando con los turnos, cuyos mecanismos conocen a la perfección, los magistrados predispuestos a echar a Garzón de la judicatura podrían intentar constituir un tribunal para juzgarle claramente parcial.
Todo esto me ha parecido entender tras una lectura crítica de lo publicado sobre el asunto.
Intento ponerme en el lugar de los que creen que Garzón ha prevaricado y trato de analizar la situación lo más objetiva e imparcialmente posible. Es un ejercicio difícil, porque hay muchos sentimientos en juego en este asunto.
Pero por más que lo intento, el único lugar donde veo signos claros de prevaricación, es en la actuación del Juez que ha decidido procesar a Garzón.
Creo que si Kafka hubiera vivido en este siglo, escribiría una nueva versión de su famoso libro "El Proceso" con las sorprendentes aportaciones del juicio a Garzón, porque el original se le antojaría ampliamente superado por la realidad.
Sinceramente, espero que tengan razón los jueces que, desde su discrepancia con el camino recorrido hasta ahora por este proceso a Garzón, manifiestan su confianza en una solución del mismo favorable al magistrado de la Audiencia Nacional.
De lo contrario, como decía una interlocutora en Twitter, volvería a sentir vergüenza por ser español, como la que me hizo pasar Aznar durante su mandato. En este caso sería por nuestro sistema de administración de justicia.
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miércoles, 14 de abril de 2010
martes, 16 de febrero de 2010
El disparate del proceso a Garzón por investigar los crímenes del franquismo
El Tribunal Supremo de España está tramitando una denuncia contra el juez Garzón presentada por un grupo político procedente del régimen franquista, acusándole de haber cometido prevaricación al juzgar los crímenes del franquismo.
Al parecer podría haber argumentos jurídicos que avalarían la denuncia sobre la base de las leyes en vigor.
Como comenta hoy José María Ridao en El País, en este caso podría existir una contradicción entre lo legalmente correcto y lo moralmente correcto.
¿Es moralmente aceptable que un partido como Falange, protagonista principal del franquismo, contrario al ordenamiento jurídico actual de España, pueda utilizar esas leyes que rechaza para atacar a un juez que pretende juzgar el franquismo?
Baltasar Garzón es un juez especial.
Es el juez más famoso de España, y probablemente del mundo entero.
A él le gusta, al parecer, ser famoso, y lo promueve.
Existen muchas críticas por parte de sus compañeros, algunas, al parecer bien fundadas, respecto a sus métodos, y también respecto a la relación entre éstos y sus ambiciones.
Yo no tengo información ni conocimientos suficientes para juzgar sobre estas críticas, aunque todo lo que he leido sobre el tema me ha llevado a matizar mi admiración hacia él derivada de lo que a través de los medios de comunicación he conocido de sus hazañas judiciales, fraguada (mi admiración) sobre su lucha en pos de la justicia universal, tanto en España como en el plano internacional.
Tampoco es ésto lo más importante en el asunto que nos ocupa.
Independientemente de los argumentos jurídicos, rechazo frontalmente la posibilidad de que un juez que ha intentado hacer justicia en relación con los crímenes del franquismo, pueda resultar sancionado por ese intento.
En las acciones del franquismo durante sus cuarenta años de vigencia ha habido unos agresores, a los que me gustaría que se llamara por su nombre de delincuentes, y unas víctimas de sus agresiones, que tienen derecho a ser resarcidos. Muchas de esas víctimas no pueden defenderse porque los agresores les quitaron todo al arrebatarles la vida.
Que un juez trate de encontrar en los vericuetos de las leyes en vigor un camino para hacer justicia castigando a dichos agresores y resarciendo a las víctimas, me parece muy positivo.
Sería un disparate que la justicia en España acabara castigando al juez que trata de hacer justicia respondiendo a una iniciativa de los propios delincuentes a los que persigue, o de sus sucesores.
No sé cuál es la fórmula jurídicamente válida para evitar ese disparate.
Pero las instituciones españolas tienen la obligación de encontrar dicha fórmula y aplicarla para evitar una injusticia que, además de ser un disparate, puede dejarnos en ridículo ante la comunidad internacional para regocijo de los nostálgicos del franquismo.
Garzón, somos muchos, mayoría sin duda, los que estamos contigo en este asunto.
Al parecer podría haber argumentos jurídicos que avalarían la denuncia sobre la base de las leyes en vigor.
Como comenta hoy José María Ridao en El País, en este caso podría existir una contradicción entre lo legalmente correcto y lo moralmente correcto.
¿Es moralmente aceptable que un partido como Falange, protagonista principal del franquismo, contrario al ordenamiento jurídico actual de España, pueda utilizar esas leyes que rechaza para atacar a un juez que pretende juzgar el franquismo?
Baltasar Garzón es un juez especial.
Es el juez más famoso de España, y probablemente del mundo entero.
A él le gusta, al parecer, ser famoso, y lo promueve.
Existen muchas críticas por parte de sus compañeros, algunas, al parecer bien fundadas, respecto a sus métodos, y también respecto a la relación entre éstos y sus ambiciones.
Yo no tengo información ni conocimientos suficientes para juzgar sobre estas críticas, aunque todo lo que he leido sobre el tema me ha llevado a matizar mi admiración hacia él derivada de lo que a través de los medios de comunicación he conocido de sus hazañas judiciales, fraguada (mi admiración) sobre su lucha en pos de la justicia universal, tanto en España como en el plano internacional.
Tampoco es ésto lo más importante en el asunto que nos ocupa.
Independientemente de los argumentos jurídicos, rechazo frontalmente la posibilidad de que un juez que ha intentado hacer justicia en relación con los crímenes del franquismo, pueda resultar sancionado por ese intento.
En las acciones del franquismo durante sus cuarenta años de vigencia ha habido unos agresores, a los que me gustaría que se llamara por su nombre de delincuentes, y unas víctimas de sus agresiones, que tienen derecho a ser resarcidos. Muchas de esas víctimas no pueden defenderse porque los agresores les quitaron todo al arrebatarles la vida.
Que un juez trate de encontrar en los vericuetos de las leyes en vigor un camino para hacer justicia castigando a dichos agresores y resarciendo a las víctimas, me parece muy positivo.
Sería un disparate que la justicia en España acabara castigando al juez que trata de hacer justicia respondiendo a una iniciativa de los propios delincuentes a los que persigue, o de sus sucesores.
No sé cuál es la fórmula jurídicamente válida para evitar ese disparate.
Pero las instituciones españolas tienen la obligación de encontrar dicha fórmula y aplicarla para evitar una injusticia que, además de ser un disparate, puede dejarnos en ridículo ante la comunidad internacional para regocijo de los nostálgicos del franquismo.
Garzón, somos muchos, mayoría sin duda, los que estamos contigo en este asunto.
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